Por presuntas irregularidades en la ejecución de un programa de Ocad que tenía como finalidad desarrollar proyectos de innovación en el sector agroindustrial en el Atlántico, la Contraloría configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 14.180 millones de pesos.

El hecho fue revelado por la Revista Cambio, que apuntó que gran parte de los recursos terminaron en empresas de salud o logística.

En 2019, el Ocad de Ciencia y Tecnologías del Atlántico aprobó el programa, llamado 'fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento'.

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Eran 15.050 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). La Gobernación contrató a la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación (Funcesi), firma creada en 2016 y con experiencia en servicios prestados a entidades públicas.

La ejecución empezó el 1o. de diciembre de 2020 y en total, Funcesi recibió 14.385 millones de pesos para operar el proyecto, que constaba de capacitaciones a empresas beneficiarias y la entrega de 'vouchers de innovación’, que eran bonos de 40 millones de pesos cada uno para invertirlos en una bolsa con 40 proveedores de tecnología e innovación previamente seleccionados.

Entre los requisitos para participar estaban, según explicó Cambio: “Acreditar el domicilio principal o sucursal en el Atlántico, tener objeto social o actividad económica relacionada con el sector agroindustrial y contar con solvencia jurídica, es decir, no estar en quiebra o proceso de liquidación”.

82 empresas fueron beneficiarias, pero la Contraloría identificó que 79 no pertenecían al sector agroindustrial, según el Registro Único Tributario (RUT).

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Fueron identificadas ópticas, una comercializadora de medicamentos y cosméticos, una empresa de software clínico empresario y gestión documental, una compañía de seguridad, una comercializadora de pasta artesanal, entre otras.

La Contraloría constató que algunas empresas no tenían su sede principal en el Atlántico y otras que sí tenían vínculos con el sector agro, en el RUT no tenían registrada la actividad agroindustrial. 

Un punto crítico es que 29 de las 82 empresas beneficiarias no renovaron la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio, lo que fue interpretado por la CGR como una muestra de que no eran idóneas jurídicamente para el programa.

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El objetivo de esta iniciativa era mejorar las ventas de las empresas beneficiarias en al menos 0,93%, pero las dos empresas que sí cumplieron vieron disminuir en un 48% su facturación en 2023 y 2024.

Incluso, no se pudo hacer una trazabilidad de los vouchers para identificar si tuvieron un impacto positivo, ya que el equipo auditor no encontró los documentos.

Apuntó Cambio que no hubo respuesta de las empresas mencionadas en su investigación y la Gobernación del Atlántico se limitó a indicar que no habían sido notificados de la presunta irregularidad.